Tras la publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se transpone la conocida como Directiva (UE) Whistleblowing al ordenamiento jurídico español, una gran cantidad de organizaciones se han visto obligadas a adoptar medidas para implantar un Sistema Interno de Información.
Prácticamente todo el sector público (la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, los Ayuntamientos, las Empresas Públicas, Universidades Públicas, Mutuas de Accidentes de Trabajo, Fundaciones del sector público…) y una gran parte de las organizaciones privadas (empresas de 50 o más trabajadores y, con independencia del número de trabajadores, las empresas de determinados sectores -Entidades de Crédito, Sociedades y Agencias de Valores, Auditores de Cuentas-, Partidos Políticos, Sindicatos, Organizaciones Empresariales…) deben contar con un Sistema Interno de Información o canal de denuncias.
El incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema Interno de Información en los términos exigidos en la Ley se considera una infracción muy grave que puede ser castigada, cuando el responsable sea una persona jurídica, con las siguientes sanciones:
- Multa con una cuantía de entre 600.001 y 1.000.000 €.
- Prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años.
- Prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de tres años.
- Publicación de la sanción en el Boletín Oficial del Estado en la que se informará sobre el tipo y naturaleza de la infracción y, en su caso, la identidad de las personas responsables de las mismas de acuerdo con la normativa en materia de protección de datos.
Es evidente que eludir semejantes sanciones es una poderosa motivación para que las organizaciones obligadas a implantar el canal de denuncias lo hagan dentro de los plazos que otorga la Ley. Es más, parece que el legislador haya anticipado una cierta reticencia o rechazo a implantar el canal de denuncia, en previsión de lo cual, con carácter disuasorio, habría diseñado toda una batería de sanciones con gravísimas consecuencias para el incumplidor. En cualquier caso, la Ley viene a generalizar el uso de un instrumento, el del canal de denuncias, que ya era conocido para las personas jurídicas desde que en las reformas del Código Penal de 2010 y 2015 se introdujo en nuestro ordenamiento el concepto, procedente del Derecho anglosajón, de “Compliance” (Cumplimiento Normativo en español). Quizás sea porque no es un instrumento extraño a nuestras organizaciones, por lo que la propia Ley 2/2023 menciona a las personas jurídicas del sector privado que no están vinculadas por la obligación de contar con un canal de denuncias, para decir que “podrán establecer su propio Sistema Interno de Información, que deberá cumplir, en todo caso, los requisitos previstos en esta ley”. Pero ¿qué ventajas podría tener para una organización implantar un canal de denuncias cuando no está obligada a ello? Aquí te cuento 5 motivos que, al margen, en su caso, de eludir las sanciones correspondientes, hacen que sea aconsejable contar con un canal de denuncias o Sistema Interno de Información dentro de una organización:
1.-Permite la detección temprana de problemas.
En la actualidad, las organizaciones se enfrentan a una serie de riesgos e incertidumbres que pueden afectar su reputación y estabilidad financiera. Uno de los mayores riesgos que enfrentan las empresas es la posibilidad de que se produzcan violaciones de la ética o de la ley, y que estas violaciones no sean detectadas o reportadas de manera oportuna.
Un canal de denuncias permite a los empleados, clientes o proveedores reportar cualquier problema tan pronto como sea posible. Esto permite que se tomen medidas de inmediato para investigar y resolver el problema antes de que se convierta en un problema mayor y se haga público con el consiguiente impacto reputacional.
2.-Reduce el riesgo de litigios, multas y sanciones, con el consiguiente ahorro de costes.
Si los empleados, clientes o proveedores tienen la posibilidad de informar de los problemas a través del canal de denuncia y la empresa toma medidas inmediatas para resolverlos, es menos probable que la organización se enfrente a demandas costosas o sanciones regulatorias. Esto aumenta su eficiencia evitando la dedicación de tiempo y recursos económicos a la gestión de conflictos. De esta manera, se minimiza el impacto del problema y se evitan costosos retrasos en la producción, el desperdicio de recursos y otras ineficiencias que pueden afectar negativamente a la rentabilidad.
3.-Promueve la confianza en la empresa y la retención de talento, reduciendo la rotación de empleados
Si los empleados sienten que su voz es escuchada y que pueden informar de los problemas sin temor a represalias, es más probable que se sientan comprometidos y leales a la empresa. Esto puede reducir los costos de reclutamiento y capacitación de nuevos empleados.
4.-Aumento de la satisfacción del cliente
Un canal de denuncias ayuda a promover la confianza en la gestión de la empresa, lo que mejora la percepción que de ella tienen los clientes. Si los clientes saben que la empresa se preocupa por la ética y la integridad, es más probable que confíen en ella y en sus productos o servicios. Esto puede llevar a una mayor lealtad de los clientes y a un aumento de las ventas.
5.-Mejora de la productividad
Un canal de denuncia bien gestionado también puede mejorar la productividad de una empresa. Si los empleados sienten que la empresa es transparente, se preocupa por su bienestar y su seguridad y tiene un compromiso con la ética y la integridad, es más probable que se sientan motivados y comprometidos con su trabajo y se fomenta la autorresponsabilidad. Esto puede mejorar la calidad del trabajo que realizan y, con ello, la productividad de la empresa en general.
En definitiva, además de mejorar el compromiso social y ético y la reputación de la organización, la implementación de un canal de denuncia puede suponer ventajas económicas: puede ahorrar costes, aumentar la eficiencia, reducir la rotación de empleados, mejorar la productividad y aumentar la satisfacción del cliente. Por lo tanto, es importante que las organizaciones consideren la implementación de un canal de denuncia como una inversión en su éxito a largo plazo.
